Gracias a este servicio, destinado a los titulados universitarios que hayan realizado sus estudios en el extranjero, mediante el pago de una tasa, los interesados pueden solicitar la homologación de sus títulos y pueden consultar el estado de la tramitación de su expediente una vez cumplimentada la solicitud y presentada en un registro oficial. El plazo de presentación de documentos está abierto de forma permanente.
Esta homologación otorga en nuestro país validez oficial a los títulos de educación superior obtenidos en el extranjero. Uno de estos títulos, obtenido fuera de nuestras fronteras, una vez homologado pasa a disfrutar de los mismos privilegios y efectos del título o grado obtenido en nuestro país al cual se homologa.
¿Qué documentación se requieren para solicitar la homologación?
Copia compulsada del documento nacional de identidad. Si no fuese ciudadano español, copia compulsada que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, expedido en su país de origen o bien por las autoridades españolas competentes en materia de extranjería.
Copia compulsada del título del que se solicita la homologación. Si todavía no estuviese en nuestro poder, basta con una copia compulsada de la certificación que acredite su expedición.
Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por la persona que solicite la homologación. En ella deben de aparecer, la duración oficial, en años académicos, plan de estudios seguido y el nombre de las asignaturas cursadas así como el número de horas que conlleven cada una de ellas.
Todos estos documentos son imprescindibles para iniciar el procedimiento y es posible que se solicite alguno más. Toda la documentación deberá ser oficial y ser compulsada bien en el Registro del Ministerio de Educación, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en cualquier Embajada o Consulado español o ante notario.
Una vez que tengamos en nuestro poder toda la documentación podemos entregarla en cualquier registro público de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y algunos de las Administraciones Locales ya que muchos ayuntamientos han firmado convenios que les permiten actuar como registros públicos.
