El Ejecutivo quiere que para febrero de 2011 haya 3.000 orientadores profesionales para prestar su ayuda a los más de 4 millones de parados que buscan un puesto de trabajo (más de 1.300 parados por orientador). Hasta ahora, el número de formadores rondaba los 1.500. Su principal objetivo será ayudar en la búsqueda de empleo a aquellos desempleados que agoten su protección, y que en todas las acciones formativas de 2011 estas personas tendrán una cuota reservada para participar en ellas.
A partir del próximo 1 de enero empezarán a actuar las agencias privadas de colocación en colaboración con los servicios públicos de empleo (SPEE). Se trata de un sistema de colaboración público-privado para la búsqueda de empleo. Estas agencias deberán atender a todos los desempleados, ofrecer servicios gratuitos a los trabajadores y estar autorizadas por los SPEE.
El Estado dedicará una inversión cercana a los 7.400 millones de euros (2.236 millones para programas de empleo, 2.678 para formación y 2.450 millones para bonificaciones a la contratación) para la reforma de las políticas activas de empleo. Con ello quieren conseguir una oferta formativa mejor planificada y de más calidad. Para ello, las nuevas políticas activas destinarán el 60% de las inversiones a formación de parados y el 40% a la de empleados.
El nuevo plan formativo tratará de que tanto la competencia normativa sobre las políticas activas de empleo del Estado y la de las comunidades autónomas vayan más unidas. Para ello, se ha diseñado una metodología uniforme para todo el Estado español junto a la creación de una lista de servicios básicos a la población la cual recoge también una serie de objetivos a cumplir por las distintas autonomías.
Imagen sujeta a licencia CC de Jesús León
